Comenzaron sus protestas a primeros de año para reclamar «pensiones dignas» tras conocer que un ejercicio más, el quinto, sus nóminas volvería a subir un 0,25%. Convocados por Marea Pensionista y respaldados por UGT y CC.OO. los jubilados comenzaron las movilizaciones en el País Vasco; primeras protestas que pasaron desapercibidas hasta que tomaron las calles de toda España y llegaron a Madrid, a las puertas del Congreso. Frente a todo pronóstico, consiguieron cambiar la ley de 2013, la que acabó con la vinculación de pensiones al IPC y cuasi congeló las pensiones durante cuatro años.
El foco estaba puesto en Cataluña, donde el 155 continuaba en vigor, pero lograron su objetivo. El pasado febrero el Gobierno del PP, forzado por el PNV, dio el visto bueno a que las pensiones subieran este año y el próximo el IPC. Decisión que hace una semana refrendaba el Pacto de Toledo con un acuerdo de mínimos para ligar cada año las rentas de los jubilados a la evolución de la inflación real.
El acuerdo ha dado al traste con uno de los pilares básicos de contención del gasto -el Factor de Sostenibilidad se ha pospuesto a 2023- y levantado las alarmas de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha llegado a decir que ligar la subida de las pensiones a los precios podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema público.
8.000 millones es la cantidad que apenas queda en el Fondo de Reserva tras una lenta agonía los últimos años.
Los políticos han optaron por satisfacer a corto plazo a los pensionistas, un buen granero de votos, sin reparar en lo que viene encima y edificar una nueva reforma que permita recortar el déficit-este año superará los 19.500 millones- y con ello hacer frente al mayor desafío que tiene la Seguridad Social: la llegada de la generación del «baby boom». Un «ejército» que comenzó a trabajar muy pronto y que cuenta, por tanto, con carreras de cotización largas. Fueron la primera generación que accedió a la universidad y coparon los puestos de trabajo más cualificados, lo que les dará derecho a pensiones elevadas.
En una década comenzarán a jubilarse los nacidos entre 1958 y 1977, pero lo harán en una transición suave que tendrá su pico en el año 2042 con la incorporación de unos 723.000 potenciales pensionistas y con mayor esperanza de vida, lo que ese año elevará el total de pensiones a 15 millones, frente a los 9,6 millones actuales, según las previsiones del profesor de investigación del CSIC, Antonio Abellán. «El stock de pensionables va a ser muy grande por el aumento de la esperanza de vida. Hay muchos y habrá más, y eso repercutirá en las pensiones, pero no hay que ser alarmista», asegura este estudioso para el que, atendiendo solo a variables demográficas, en 2042 habrá prácticamente un ocupado por cada pensionista (1,1). Una correlación insostenible.
Entre 1958 y 1977 los nacimientos en España superaron los 650.000 anuales; en esas fechas nacieron casi catorce millones de niños, 2,5 millones más que en los veinte años previos, 4,5 más que en los veinte años siguientes.
Pilares sólidos
La generación del «baby boom» comenzará a retirarse a partir de 2023. Según los expertos se producirá entonces una tensión, al principio suave, sobre el sistema de pensiones, que irá aumentando progresivamente desde esas fechas hasta 2042 aproximadamente. Los pilares del sistema deberán ser sólidos en estas fechas; de lo contrario, saltarán por los aires.
Según Abellán, más importante que lo que pase con los jubilados es lo que suceda con la ocupación, ya que la tasa de trabajadores sobre pensionistas se dará la vuelta en 15 años. Abellán advierte de que a finales de la próxima década el escenario se invertirá y generaciones con menos efectivos en edad laboral deberán sostener una jubilación creciente y más duradera.
José Ignacio Conde-Ruiz, economista y uno de los «sabios» del Instituto Santalucía, recuerda en su artículo «Pacto nacional para unas pensiones sostenibles y suficientes» que, con las actuales proyecciones demográficas, si volvemos al IPC y no hacemos nada más, en 2050 el desajuste entre ingresos y gastos estará en el entorno de 7 puntos del PIB. Y añade que «esto indica que la reforma alternativa para hacer sostenible el sistema tendrá que reducir de forma significativa la ratio entre pensión media y salario medio. Esta reforma -prosigue-tendrá un coste político alto, y es por eso que nuestros representantes en el Parlamento prefieren optar por soluciones de corto plazo, aunque con ellas se agraven los problemas del largo plazo».
El también subdirector de Fedea reclama un pacto nacional por las pensiones porque «cuanto más tarde se introduzcan las reformas estas serán más drásticas e injustas, pues afectarán a más trabajadores más cerca de su jubilación y sin margen para adaptarse a los cambios, pudiendo llegar al extremo de países como Grecia o Portugal, donde se recortaron las pensiones entre un 20% y un 30% de un día para otro».
... Para afrontar el reto
La OCDE ha advertido de que en 2050 España tendrá 76 personas mayores de 65 años por cada cien habitantes en edad de trabajar, frente a las treinta existentes en la actualidad, convirtiéndose así en el segundo país con una mayor ratio de dependencia del mundo, tan solo superada por Japón. Habrá más envejecimiento y, con él, más gasto en pensiones.
Según el INE, en las próximas cuatro décadas habrá 8,7 millones de personas en edad de trabajar y al mismo tiempo 8 millones más de personas mayores de 67 años. «Si se cumplen las proyecciones, aunque alcancemos el pleno empleo, en apenas unas décadas tendremos un jubilado por trabajador. No podemos olvidar que, si se cumplen las previsiones, España será el país más envejecido del mundo», añade Conde-Ruiz.
Más optimista se mostraba esta semana la Airef. Sus estimaciones, contrarias a las del INE, apuntan a la llegada de 8 millones de inmigrantes en 30 años, lo que mitigaría el impacto de la generación del «baby boom» en el sistema de pensiones.
Los ingresos de la Seguridad Social no son suficientes desde 2012 para pagar las prestaciones mientras el Fondo de Reserva apenas cuenta ya con 8.000 millones tras una lenta agonía. Las señales de alarma llegan desde dentro y fuera de España. Uno de los que hace un par de años ya instó a la búsqueda de nuevas soluciones fue BBVA Research. Su economista jefe para España y Europa y «sabio» también delInstituto Santalucía, Rafael Doménech, recordaba que para mantener el sistema de reparto sería necesario que el número de cotizantes a la Seguridad Social aumente en España hasta 27 millones en 2050.
En el informe «¿Es viable nuestro sistema de pensiones? Propuestas de mejora», Doménech, que, al igual que Conde-Ruiz, fue uno de los expertos que participó en la reforma de pensiones de 2013, aseguraba en el trabajo que España necesitaría casi 10 millones de afiliados más en 2050 para mantener el nivel actual de las pensiones si los gobiernos no hacen nada para zanjar el problema de ingresos.
La entidad explicaba que el número de pensionistas aumentará mucho más rápido que el de los cotizantes, lo que provocará una caida de la pensión media sobre el salario medio. Las estimaciones del banco apuntaban lo que también augura Abellán, que el número de pensionistas pasará de 9,6 a 15 millones en 2050, lo que hará, sostiene, que la tasa de beneficio actual del sistema solo se pueda mantener si el número de afiliados llega a los 27 millones.
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