La hoja de ruta de Sánchez e Iglesias agravará la desaceleración y el paro
- Los empresarios alertan de los efectos nocivos del alza fiscal
Las principales organizaciones empresariales españolas han mostrado su estupor ante la hoja de ruta económica que refleja el pacto presupuestario del Gobierno del PSOE y Podemos. Destacan que las medidas anunciadas -en caso de prosperar la tramitación del Presupuesto- agravarán la desaceleración económica, aumentarán el paro, lastrará las cuentas de las empresas, encarecerán los costes de contratación, así como los de prestación de servicios a las Administraciones, al tiempo que desbaratan los avances logrados en el marco de la negociación colectiva.
Así de contundentes se manifestaron, en declaraciones a elEconomista, las principales patronales del país, consultadas inmediatamente después de hacerse públicas las líneas maestras del pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
"Las medidas anunciadas pueden agravar la desaceleración económica", alerta la directora de Economía del Círculo de Empresarios, Alicia Coronil, quien además reclama reformas estructurales mientras señala que los anuncios del Gobierno van en la línea contraria de lo que necesitamos para generar un cambio del modelo productivo y una adaptación de nuestra economía a los actuales desafíos de la globalización.
Abunda en este diagnóstico el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien alerta de que las decisiones tributarias anunciadas "nos harán menos atractivos y competitivos para canalizar inversiones a través y desde nuestro país". Se refiere concretamente Núñez a las limitaciones a las exenciones de dividendos y plusvalías, que abren la puerta a una doble tributación, ya que gravarían rentas obtenidas en el exterior que ya han tributado. El presidente de Seopan también detecta serias desventajas en la subida del Impuesto de Sociedades que quieren aplicar el PSOE y Podemos. Núñez rechaza la fijación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades: "Ningún país europeo comparable tiene una tributación mínima de este tipo", asegura, y ello "supone una quiebra del principio de capacidad contributiva".
Desde CEOE, y en línea con el FMI (ver página 10) se afea especialmente la decisión de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros de golpe, lo que ha tumbado el plan plurianual y gradual de subida del SMI que pactaron el anterior Gobierno, los empresarios y sindicatos a finales del año pasado, tras meses de estudio y negociación. "Entendemos que un acuerdo se debe respetar, y con éste no se da valor a las decisiones adoptados con los agentes sociales; y no importa que aquel acuerdo fuese firmado por el anterior Gobierno, que era el Gobierno del momento, y sus decisiones deben ser respetadas por los sucesores", sentencia en declaraciones a elEconomista el director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Vila.
Añade más matices CEOE: "No se puede actuar a la ligera sobre el salario mínimo, por el efecto contagio en el resto de trabajadores", ya que esa subida se comunica a todas las categorías profesionales, elevando los costes de personal de la empresa y constriñendo la propensión a la contratación.
Especialmente detalla CEOE un caso crítico para las empresas que contratan con las Administraciones: "El alza del SMI implica un aumento del coste de prestar los servicios a las Administraciones y habrá que replantear los contratos", argumenta García Vila, evidenciando un grave problema para los que se cerraron bajo otras condiciones y que ahora la falta de seguridad jurídica ha desbaratado.
También desde las patronales del sector salud se cuestionan las medidas pactadas por el PSOE y Podemos. "Hablar de corrientes privatizadoras y ataques al sistema público de salud es algo completamente alejado de la realidad y muestra un grave desconocimiento de la situación vigente", manifiesta la Fundación Idis, que representa a la sanidad privada, tanto hospitales como compañías de seguros de salud.
Y la banca, afectada por un extratipo en Sociedades, que encubre la creación de un impuesto, viene manifestando su rechazo a esta alza de la fiscalidad, que, según expertos consultados por este periódico, además, terminará por revertir en el cliente. Ya recién llegado al poder el Gobierno de Sánchez, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) emitieron un comunicado rechazando alzas de la carga tributaria al sector financiero, por los efectos nocivos que esta medida depara al conjunto de la economía. Deploraron especialmente las asociaciones del sector financiero el hecho de vincular su gravamen adicional con la financiación de las pensiones. "No resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones en un único sector, especialmente si se tiene en cuenta que su ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es del entorno del 3%". Pero al margen de la distorsión que señala con la financiación selectiva de las pensiones, la advertencia más importante del sector financiero es la repercusión del alza fiscal en el ramo: "El incremento de la carga tributaria generaría para nuestras entidades una desventaja competitiva a nivel europeo y supondría un obstáculo al relevante papel del sector [...] con especial incidencia en lo que hace a su contribución al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión de crédito".
Críticas del sector energético
También hay críticas del sector energético, muy afectado por la hoja de ruta desvelada en el acuerdo para unos Presupuestos que aún no tienen ni senda fiscal definida. El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, demanda que a las decenas de miles de familias dedicadas a la producción de energía fotovoltaica se les eviten "sufrimientos", ya que fueron pioneros mundiales en este materia y han soportado recortes retroactivos durante una década, viéndose obligados a refinanciar sus instalaciones para sobrevivir. Además, solicitan que se reconozca el valor de sus inversiones en el desarrollo de un cambio de modelo energético. La Asociación Empresarial Eólica añade que la estabilidad es crucial para dar un mensaje de confianza al inversor y seguir avanzando a los objetivos a marcados con el horizonte 2030.
Por otra parte, desde la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) se critica el acuerdo por asemejarse más a un programa electoral populista que a un borrador presupuestario. Y además se destaca que pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchos ayuntamientos y, por ende, de la provisión de servicios públicos. El presidente de AESP, Ramón Tamames, y su director, Ramiro Aurín, tildan de "un paso atrás" las medidas anunciadas, amén de evidenciar la, a su juicio, base engañosa de su argumentario y de señalar que ignora recomendaciones de organismos como la AIReF.
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