miércoles, 17 de octubre de 2018

La Seguridad Social arrancará 2019 con un sobrecoste de 4.850 millones

La subida para ese año del 1,6% fue apoyado por todos los grupos políticos

7:21 - 17/10/2018

El Plan Presupuestario 2019 remitido el lunes a Bruselas desvela que el Presupuesto de la Seguridad Social del próximo año arranca con un sobrecoste de 4.850 millones de euros. El aumento se deriva de los compromisos adquiridos tanto por el Gobierno popular como por el nuevo de Pedro Sánchez en mejoras a las que se ha comprometido.

De hecho, el documento explicativo de las cuentas del Estado elaborado por el Ministerio de Hacienda, aunque con cifras aportadas por la Seguridad Social, diferencia entre el efecto de las medidas aprobadas por el anterior Gobierno del PP y las del nuevo Ejecutivo socialista. Del aumento del gasto con el que arrancará el año próximo el sistema público de pensiones, el Plan remitido a Bruselas imputa 2.750 millones de euros a medidas anteriores a la llegada de Sánchez a la presidencia.

Pensiones de viudedad

En concreto, el Plan contabiliza 704 millones de euros por el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad del 56% al 60% y 1.761 millones derivados del incremento del 1,6% de todas las pensiones -incluyendo el impacto adicional a la revalorización del 0,25% por la aplicación del índice de revalorización- producto del pacto cerrado entre el Gobierno Rajoy y el PNV. En aquel acuerdo, los populares y los nacionalistas vascos incluyeron la subida del 1,6% no solo para el actual ejercicio, sino también para el año 2019.

Un pacto que fue apoyado por todas las fuerzas políticas en la tramitación de los Presupuestos Generales en el Parlamento que, finalmente, tuvo que defender el Gobierno de Sánchez.

Además, se suman otros 285 millones del coste de subir las pensiones de las clases pasivas -funcionarios de las distintas administraciones públicas- como consecuencias de las medidas anteriores, hasta los 2.750 millones.

Bajo el epígrafe Nuevas medidas para 2019, el Ministerio de Hacienda incluye una partida de 736 millones de euros para afrontar la revalorización de las pensiones tanto del presente 2018, como ya para 2019, hasta el IPC real de ambos años. Con este dinero se deberá realizar la paga extra entre la diferencia del 1,6% y la inflación. El propio Gobierno considera que este año al menos se producirá una desviación de 2 o incluso 3 décimas.

Las pensiones mínimas subirán un 3% en 2019 y el resto se actualizarán un 1,6%

Dentro de las medidas de Sánchez, el Plan contabiliza una segunda partida por valor de 1.364 millones de euros con los que hacer frente al acuerdo alcanzado en el seno del diálogo social para la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, desmontando la medida del PP, que lo llevó a los 55 años. En conjunto, se imputa al actual Gobierno otros 2.100 millones de nuevos gastos.

No obstante, el documento no hace mención a la subida del 3%, en vez del 1,6%, para los pensiones no contributivas y para las pensiones mínimas. Una medida que se mantendrá en los Presupuestos de 2019 como reconocieron las ministras de Hacienda y Economía en la presentación del Plan Presupuestario. El coste de esta medida en 2018 supone 624 millones de euros, según se recoge en el papel enviado a la CE, aunque se incrementará en el próximo año, al tratarse del ejercicio completo. Por tanto, los 4.850 millones de euros de coste añadido podrían crecer hasta los 5.500 millones.

En contrapartida, aumentarán los ingresos por cotizaciones. El documento cifra en 1.500 millones la mayor recaudación por el incremento del SMI, aunque fuentes del Gobierno lo elevan a 1.700-1.800 millones. A lo que hay que sumar otros 780 millones por el aumento del 1,4% en las bases máximas de cotización en 2018. En conjunto, unos 2.500 millones de euros.

A eso habrá que sumar otros ingresos, aún por determinar, como el aumento de la base mínima de los autónomos, que pasará de los 275 euros a 315 euros al mes o, incluso, otro nuevo destope de las bases máximas para 2019.

sábado, 13 de octubre de 2018

Pagar la renta del alquiler ya conlleva destinar más de la mitad del sueldo medio

Pagar la renta del alquiler ya conlleva destinar más de la mitad del sueldo medio

, aclara Soria.

Aumento de los desahucios

El desajuste entre los ingresos salariales y las rentas que pagan los inquilinos ha propiciado un aumento de los desahucios por impago en los inmuebles arrendados. En el segundo trimestre del año, el CGPJ contabilizó 10.491 lanzamientos por impago de alquiler, un 61,2% del total de lanzamientos del trimestre. En un comunicado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha exigido al Gobierno la adopción de medidas concretas que «pinchen la burbuja del alquiler», como que las socimis paguen impuesto de sociedades, y que los grandes tenedores de vivienda, «fondos buitre, socimis, banca y grandes inmobiliarias sean penalizados fiscalmente por cada casa que mantienen injustificadamente desocupada, hinchando especulativamente la burbuja del alquiler y los precios de compra». «Por desgracia, los hechos no se cansan de darnos la razón en cuanto a la situación de emergencia habitacional que sufre este país», señaló al respecto la portavoz de la PAH, Lucía Delgado.

Pese al crecimiento imparable de los precios, el director comercial de Tinsa evita hablar de burbuja inmobiliaria en el sector del arrendamiento. «Más que burbuja estamos viviendo una situación de escasez de oferta, en la que los precios están subiendo a niveles que ya están chocando con la capacidad de acceso de la demanda media. La forma de atajar este problema es aumentar la oferta y lograr incentivar a los propietarios para que pongan en el mercado viviendas que están actualmente vacías. Y no solo hablamos de viviendas en poder de entidades financieras o de Sareb; el grueso del mercado está en manos de particulares».

Los otros expertos consultados tampoco creen correcto hablar de «burbuja» porque «no es un activo que se financie como pasa con la compraventa, con la que sí se puede especular», aclara el director de estudios de pisos.com, Ferran Font. No obstante, sí cree que las autoridades deberían intervenir para «suavizar la presión que vive el mercado del alquiler» mediante la creación de «bolsas de vivienda social y generando suelo finalista para que puedan construirse nuevos desarrollo residencial o tomando medidas que impulsen la salida al mercado de las viviendas vacías».

«La experiencia nos demuestra que cuando la Administración emprende intervenciones de carácter coercitivo raramente dan buen resultado. La contención, incluso bajada, de los precios del alquiler debe pasr por un aumento del parque de viviendas en arrendamiento. Es necesario considerar que una parte importante de viviendas desocupadas lo están a causa de la inseguridad jurídica que suscita entre los propietarios la legislación vigente y que una mejora de las garantías probablemente movilizaría hacia el mercado del alquiler una cantidad importante de esas viviendas vacías», indica César Hernández, director de Análisis de Mercados de Sociedad de Tasación director de Análisis de Mercados de Sociedad de Tasación.

La hoja de ruta de Sánchez e Iglesias agravará la desaceleración y el paro

Los empresarios alertan de los efectos nocivos del alza fiscal

8:15 - 13/10/2018 Actualizado: 15:00 - 13/10/18

Las principales organizaciones empresariales españolas han mostrado su estupor ante la hoja de ruta económica que refleja el pacto presupuestario del Gobierno del PSOE y Podemos. Destacan que las medidas anunciadas -en caso de prosperar la tramitación del Presupuesto- agravarán la desaceleración económica, aumentarán el paro, lastrará las cuentas de las empresas, encarecerán los costes de contratación, así como los de prestación de servicios a las Administraciones, al tiempo que desbaratan los avances logrados en el marco de la negociación colectiva.

Así de contundentes se manifestaron, en declaraciones a elEconomista, las principales patronales del país, consultadas inmediatamente después de hacerse públicas las líneas maestras del pacto entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

"Las medidas anunciadas pueden agravar la desaceleración económica", alerta la directora de Economía del Círculo de Empresarios, Alicia Coronil, quien además reclama reformas estructurales mientras señala que los anuncios del Gobierno van en la línea contraria de lo que necesitamos para generar un cambio del modelo productivo y una adaptación de nuestra economía a los actuales desafíos de la globalización.

Abunda en este diagnóstico el presidente de Seopan, Julián Núñez, quien alerta de que las decisiones tributarias anunciadas "nos harán menos atractivos y competitivos para canalizar inversiones a través y desde nuestro país". Se refiere concretamente Núñez a las limitaciones a las exenciones de dividendos y plusvalías, que abren la puerta a una doble tributación, ya que gravarían rentas obtenidas en el exterior que ya han tributado. El presidente de Seopan también detecta serias desventajas en la subida del Impuesto de Sociedades que quieren aplicar el PSOE y Podemos. Núñez rechaza la fijación de un tipo mínimo del 15% en Sociedades: "Ningún país europeo comparable tiene una tributación mínima de este tipo", asegura, y ello "supone una quiebra del principio de capacidad contributiva".

Desde CEOE, y en línea con el FMI (ver página 10) se afea especialmente la decisión de subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros de golpe, lo que ha tumbado el plan plurianual y gradual de subida del SMI que pactaron el anterior Gobierno, los empresarios y sindicatos a finales del año pasado, tras meses de estudio y negociación. "Entendemos que un acuerdo se debe respetar, y con éste no se da valor a las decisiones adoptados con los agentes sociales; y no importa que aquel acuerdo fuese firmado por el anterior Gobierno, que era el Gobierno del momento, y sus decisiones deben ser respetadas por los sucesores", sentencia en declaraciones a elEconomista el director de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Vila.

Añade más matices CEOE: "No se puede actuar a la ligera sobre el salario mínimo, por el efecto contagio en el resto de trabajadores", ya que esa subida se comunica a todas las categorías profesionales, elevando los costes de personal de la empresa y constriñendo la propensión a la contratación.

PSOE y Podemos se reservan poder subir aún más los gastos e ingresos

Especialmente detalla CEOE un caso crítico para las empresas que contratan con las Administraciones: "El alza del SMI implica un aumento del coste de prestar los servicios a las Administraciones y habrá que replantear los contratos", argumenta García Vila, evidenciando un grave problema para los que se cerraron bajo otras condiciones y que ahora la falta de seguridad jurídica ha desbaratado.

También desde las patronales del sector salud se cuestionan las medidas pactadas por el PSOE y Podemos. "Hablar de corrientes privatizadoras y ataques al sistema público de salud es algo completamente alejado de la realidad y muestra un grave desconocimiento de la situación vigente", manifiesta la Fundación Idis, que representa a la sanidad privada, tanto hospitales como compañías de seguros de salud.

Y la banca, afectada por un extratipo en Sociedades, que encubre la creación de un impuesto, viene manifestando su rechazo a esta alza de la fiscalidad, que, según expertos consultados por este periódico, además, terminará por revertir en el cliente. Ya recién llegado al poder el Gobierno de Sánchez, la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) emitieron un comunicado rechazando alzas de la carga tributaria al sector financiero, por los efectos nocivos que esta medida depara al conjunto de la economía. Deploraron especialmente las asociaciones del sector financiero el hecho de vincular su gravamen adicional con la financiación de las pensiones. "No resulta en modo alguno razonable hacer recaer las necesidades de ingreso adicional del sistema de pensiones en un único sector, especialmente si se tiene en cuenta que su ponderación en la economía y en los beneficios empresariales es del entorno del 3%". Pero al margen de la distorsión que señala con la financiación selectiva de las pensiones, la advertencia más importante del sector financiero es la repercusión del alza fiscal en el ramo: "El incremento de la carga tributaria generaría para nuestras entidades una desventaja competitiva a nivel europeo y supondría un obstáculo al relevante papel del sector [...] con especial incidencia en lo que hace a su contribución al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión de crédito".

Críticas del sector energético

También hay críticas del sector energético, muy afectado por la hoja de ruta desvelada en el acuerdo para unos Presupuestos que aún no tienen ni senda fiscal definida. El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, demanda que a las decenas de miles de familias dedicadas a la producción de energía fotovoltaica se les eviten "sufrimientos", ya que fueron pioneros mundiales en este materia y han soportado recortes retroactivos durante una década, viéndose obligados a refinanciar sus instalaciones para sobrevivir. Además, solicitan que se reconozca el valor de sus inversiones en el desarrollo de un cambio de modelo energético. La Asociación Empresarial Eólica añade que la estabilidad es crucial para dar un mensaje de confianza al inversor y seguir avanzando a los objetivos a marcados con el horizonte 2030.

Por otra parte, desde la Asociación por la Excelencia de los Servicios Públicos (AESP) se critica el acuerdo por asemejarse más a un programa electoral populista que a un borrador presupuestario. Y además se destaca que pone en riesgo la sostenibilidad económica de muchos ayuntamientos y, por ende, de la provisión de servicios públicos. El presidente de AESP, Ramón Tamames, y su director, Ramiro Aurín, tildan de "un paso atrás" las medidas anunciadas, amén de evidenciar la, a su juicio, base engañosa de su argumentario y de señalar que ignora recomendaciones de organismos como la AIReF.

De Zapatero a Rajoy, todos los Gobiernos inflaron los ingresos

Ninguno de últimos siete Presupuestos cumplió con la recaudación prevista

8:20 - 13/10/2018

Una de las críticas recurrentes a todos los proyectos de Presupuestos -ya sean del Estado, de las administraciones autonómicas o de los organismos locales- es la falta de credibilidad de los ingresos fiscales que suelen proyectar. Unas dudas sustentadas en la tozudez de los datos: los últimos siete Presupuestos Generales del Estado (incluyendo el de 2011 presentado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los seis consecutivos de Mariano Rajoy) han errado a la baja en sus previsiones de ingresos. Sumando todos, la recaudación tributaria líquida estuvo 35.492 millones por debajo de lo que se había anunciado, según los datos de las Memorias anuales de la Agencia Tributaria.

La 'era Rajoy'

Sin embargo, son los elaborados por el anterior ministro de Hacienda y Presupuestos, Cristóbal Montoro, los que resaltan por su falta de acierto. Como curiosidad, el error ha ido creciendo con los años. Así, en las cuentas de 2012, las primeras que presentó un Gobierno popular de Rajoy, la desviación fue prácticamente imperceptible, solo 159 millones, según los datos de la Agencia Tributaria. Muy diferente al último, correspondiente a los Presupuestos de 2017, que según la propia Hacienda, la recaudación tributaria líquida fue 7.012 millones inferior a lo que había previsto el Departamento de Montoro. Cifra similar a la anterior, la de las cuentas de 2016, cuando la desviación alcanzó los 7.271 millones.

No obstante, de las cuentas de Rajoy, el mayor desacierto fue el de 2013, cuando la recaudación líquida se quedó 9.013 millones de euros por debajo de lo que se presentó en el proyecto de Presupuestos.

Pero las mayores desviaciones se anotaron en la etapa socialista de Zapatero. La recesión se llevó unos 60.000 millones de ingresos fiscales, lo que descuadró totalmente las cuentas. En 2008, la diferencia entre lo presupuestado y la recaudación tributaria líquida superó ligeramente los 30.000 millones de euros. Lo sorprendente, según algunos expertos fiscalistas, es que el año siguiente se errase en 45.500 millones de euros a pesar de que la recesión era patente. Salvando la crisis, los años anteriores de la Administración Zapatero no tuvo un problema de ingresos fallidos, sino todo lo contrario. En el boom de precrisis, Hacienda se quedó corta en las previsiones de recaudación en cerca de 9.500 millones de euros en 2005, en más de 14.000 millones el año siguiente y en otros 13.500 millones de ingresos extra en 2006.

Con todo, José María Aznar fue el más conservador a la hora de presupuestar los ingresos, pues en todos sus Presupuestos, de 1997 a 2004 (aunque la mitad del último ejercicio ya había un gobierno socialista), los ingresos presupuestados estuvieron siempre por debajo de la recaudación líquida con que cerraron los ejercicios. Los ocho Presupuestos aprobados por los gobiernos populares de Aznar cerraron en conjunto con 32.169 millones de euros de recaudación líquida superior a lo que se predecía en sus proyectos de ley, con una media de superávit de 4.020 millones. Con altibajos, no obstante, pues el mayor exceso de recaudación se produjo en 1999, cuando superó en casi 9.500 millones lo previsto, y el menor, en 2002, con 365 millones de diferencia. Pero en todos ellos, al alza.

Los expertos en fiscalidad, y por extensión en Presupuestos públicos, coinciden en que se trata de una maniobra torticera frecuente y sin penalización. Si las partidas de gastos se pueden cuantificar al detalle, la de ingresos no deja de ser un brindis al sol que se calcula en función del cierre del año anterior y de las previsiones macroeconómicas, internas y externas, que manejan los propios gobiernos. Sin embargo, en función de estas previsiones de ingresos se determina el techo de gasto. Estos expertos consideran que, con frecuencia, ajustan las previsiones de ingresos a sus necesidades de gasto, cuando debería ser al revés; gastar en función de los ingresos probables.

Ahora bien, recaudar por debajo de lo previsto no significa necesariamente disparar el déficit fiscal, lo que sería criticado por Bruselas y penalizado por los mercados. Para evitarlo, los expertos apuntan que los Gobiernos cuentan con la potestad de dejar de gastar en ciertas partidas, lo que ha llevado a que numerosos asientos tengan unos niveles muy bajos de ejecución. Uno de los casos más relevantes son los fondos en I+D+i, que según denuncia Cotec, se gastan uno de cada tres euros presupuestados.

Sin embargo, en este ajuste del gasto según va evolucionando el Presupuesto, es la inversión la peor parada, especialmente las grandes obras de infraestructuras, cuyas concesiones se dilatan en el tiempo.

Un duro revés para la economía

9:30 - 13/10/2018

El ciclo económico que permitió un crecimiento sostenido de la economía durante la última década ofrece los primeros síntomas serios de agotamiento. Se acabaron los días de vino y rosas. Los tipos de interés y el precio del petróleo por los suelos impulsaron la riqueza y las inversiones por todas partes. Estos dos grandes motores de la liquidez y del crecimiento global comienzan a griparse. A partir de ahora, habrá que andar con sumo cuidado.

La superación de la barrera del 3 por ciento por parte del bono americano durante esta semana provocó un shock en Wall Street, que contagió rápidamente al resto del planeta. El detonante fue la guerra comercial de Donald Trump. El presidente americano encareció el precio de los productos industriales con una política arancelaría agresiva, que se trasladará a toda la cadena de consumo en forma de mayores precios y productos más caros.

Además, necesitará más dinero para financiar el gigantesco déficit provocado por su masiva bajada de impuestos. El precio a pagar es un incremento del coste de los bonos del Tesoro americano.

La presunción de Trump de que su política es la mejor para los mercados queda así en tela de juicio. Con el riesgo agravado de que, en cuanto se acabe el impulso de la rebaja fiscal, la economía americana puede frenarse en seco. Tampoco ayudó la elección de Jerome Powell para presidir la Reserva Federal en sustitución de Janet Yellen. Powell presumió la pasada semana de que iba a pasar de una política "acomodaticia" de subida de los tipos de interés a otra "neutral o agresiva", lo que propagó la chispa del incendio de los mercados. Por eso Trump, lo calificó de "loco", aunque no lo destituirá.

El primer efecto se notó esta semana en Wall Street, que perdió alrededor del 8 por ciento hasta el viernes, por temor a que el dinero salga con fuerza de las bolsas para buscar refugio en los bonos.

La peor parte se la llevan los emergentes. La pérdida de valor de sus divisas causó en las últimas semanas un terremoto financiero desde Turquía o Argentina a Pakistán, obligado esta semana a solicitar ayuda urgente al Fondo Monetario para evitar la bancarrota.

Sin embargo, aún es pronto para aseverar que estamos a las puertas de una recesión mundial. El FMI rebajó dos décimas solo el PIB mundial y mantiene unas sólidas perspectivas de crecimiento tanto para Europa (2 por ciento), como para Estados Unidos.

El dinero es miedoso por naturaleza y tiende a refugiarse en cuanto suenan los primeros tambores de guerra. El mismo temor que muestran los empresarios españoles a las políticas económicas de Sánchez e Iglesias

El aumento de la inflación en solo el 0,1 por ciento en septiembre en Estados Unidos disipó los temores a subidas aceleradas de los tipos de interés, como había señalado Powell, y permitió que el viernes los mercados recuperaran la calma.

La economía china, una de las más afectadas por la disputa comercial, solo perderá cuatro décimas de su PIB, hasta el 6,2 por ciento. Las exportaciones subieron en septiembre el 14,5 por ciento, pese a los aranceles americanos, lo que contribuyó a despejar los miedos a una brusca desaceleración. Por último, la cita de Trump y el presidente chino, Xi Jinping, a fines de noviembre, con ocasión de la cumbre del G-20 en Argentina, hace crecer la esperanza en un posible arreglo entre los dos gigantes.

El líder de Podemos deja su impronta en las cuentas públicas, con un castigo a los bancos, a las petroleras y a las eléctricas, las tres bestias negras de su política populista

Los resultados trimestrales de las empresas, que empezaron a conocerse este viernes, crecerán a doble dígito. ¿Por qué se desploman, entonces, las bolsas? Por temor a que los negros augurios se cumplan. El dinero es miedoso por naturaleza y tiende a refugiarse en cuanto suenan los primeros tambores de guerra. El mismo temor que muestran los empresarios españoles a las políticas económicas de Sánchez e Iglesias. Subida de impuestos a empresas, a sus directivos, así como del coste de las plantillas, por la vía de un alza superior al 20 por ciento del salario mínimo. Saltándose la senda pactada por empresarios y sindicatos hasta 2020.

El líder de Podemos deja su impronta en las cuentas públicas, con un castigo a los bancos, a las petroleras y a las eléctricas, las tres bestias negras de su política populista, así como un incremento irracional de las plusvalías al ahorro hasta el 27 por ciento, en uno de los países con menos ahorro del mundo.

Los únicos que pueden acumular capital tenderán a partir de ahora a no hacerlo o a llevárselo fuera.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ni siquiera se detuvo en dar explicaciones en las previsiones de ingresos, mientras que ofreció todo lujo de detalles sobre los gastos, el principal arma electoral del tándem Sánchez-Iglesias.

Además de abandonar la política de austeridad con la supresión del copago farmacéutico, introducirá otros gastos como el de igualar los permisos de paternidad y maternidad. Por no hablar de las pensiones, que subirán por encima de la inflación a costa de gravar con más impuestos a los activos, para pagar a los mayores.

Es difícil encontrar más incongruencias juntas, sin aportar ni un incentivo a las empresas o rebajar algún coste para impulsar su inversión.

El PNV no apoyará que se penalice a las eléctricas por la producción de energías limpias, como la nuclear o el agua

Como se confirmen los temores de los inversores sobre la marcha de la economía internacional, Sánchez e Iglesias han firmado las capitulaciones para que la próxima crisis sea de gravedad extrema.

Afortunadamente, todo puede quedar en un fuego de artificio, ya que ahora necesitan el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. El PNV no apoyará que se penalice a las eléctricas por la producción de energías limpias, como la nuclear o el agua. Iberdrola es el motor de la economía vasca y su mayor inversor. Urkullu no se va a pegar un tiro en el pie, como tampoco lo hará Torra, que pone condiciones sobre los presos y se opone a las alzas fiscales a los directivos.

Todo apunta a que son las medidas que colgarán de su cartel electoral en el año 2019, antes de que logren entrar en vigor.

viernes, 12 de octubre de 2018

ÍNDICE

NUEVA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL 2020

NUEVA CRISIS MUNDIAL Wall Street Wolverine	NUEVA CRISIS MUNDIAL 2020	Nueva crisis económica global: ¿Está lo peor por llegar?
YOUTUBE